José Luis Pírela denunció mafia entre funcionarios del TSJ y contratista de la Misión Vivienda

El diputado por el estado Zulia y dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, José Luis Pírela, denunció ante la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una “mafia judicial dirigida por el ciudadano Cándido Ramón Ramírez, quien funge como funcionario del mencionado ente”.

Pirela aseguró que “Ramírez, analista profesional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se encuentra recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por cobrar, sobornar y presionar a personas en nombre de la magistrada Gladys Gutiérrez”, presidenta del TSJ.

Asimismo, indicó que se ha creado una especie de “sindicato del crimen” en el cual ha utilizado jueces para beneficiar a Oswaldo Nania, un contratista de la Misión Vivienda que ha defalcado al país, logrando absoluta impunidad con jueces que actúan supuestamente siguiendo órdenes de la magistrada Gladys Gutiérrez.

“Por ese hecho fue imputado por la fiscal 75 del Área Metropolitana de Caracas, Yolaines Benavente, por los delitos de inducción a la corrupción y suposición de valimiento de funcionario público, ambos en grado de continuidad”, explicó el diputado sobre la aprehensión de analista de la Magistratura.

“Entre Cándido Ramírez preso en el Sebin y Oswaldo Nania se sigue utilizando el nombre de la magistrada para chantajear jueces y obtener favores judiciales en beneficio de las empresas de Nania. El TSJ debe investigar por qué se utilizó y se sigue utilizando el nombre de Gutiérrez para favorecer los asuntos del contratista”, enfatizó Pírela.

Pírela insiste en que “Oswaldo Nania debe ser investigado, así como todos los juicios en los cuales tenga interés. Se debe determinar que personas protegen a Cándido Ramírez y al señor Nania”.

Para concluir, el dirigente político planteó dos interrogantes: ¿Qué pasó en el tribunal de la jueza Elena Cassiani Cabarcas que “cumpliendo órdenes de arriba levantó medidas cautelares y patrimoniales en detrimento del Estado venezolano por no haber cumplido con la construcción de obras encomendadas por Odebrecht? y ¿Qué pasó con el expediente 21C-18-361-15 en donde se utilizó el nombre de la presidenta del TSJ para perjudicar a la nación?”.

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