España.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el jueves una reforma para estrechar el control judicial sobre los servicios secretos, tras un escándalo de espionaje que irritó a los independentistas catalanes, que brindaron un apoyo clave a su ejecutivo.
«Se trata de reforzar las garantías de ese control» judicial sobre los servicios de inteligencia, «además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas», dijo Sánchez en una intervención ante el Congreso de los Diputados.
El anuncio se produjo un poco más de un mes de que estallara el escándalo el 18 de abril, cuando en un informe publicado por la organización canadiense Citizen Lab se aseguró que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana fueron desarrollados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
Molestos, los separatistas catalanes acusaron al Estado de estar detrás de esos escuchas y amenazaron con retirar su crucial apoyo parlamentario al gobierno minoritario de Sánchez, lo que supondría poner en peligro la continuación de la actual legislatura, que debe terminar a finales de 2023.
El caso se complicó aún más cuando a principios de mayo el gobierno anunció que el propio Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, de quien dependían los servicios secretos, también fueron espiados, en mayo y junio de 2021 mediante el mismo programa informático.
El gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos, también sufrido por el ministro del Interior, fue producto de un «ataque externo» de un actor sin identificar, aunque la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
Evitar nuevas «brechas de seguridad»
Ahora, Pedro Sánchez anuncia esta reforma junto a la futura adopción de una nueva ley de «información clasificada», en sustitución de la anterior de 1968 aprobada bajo la dictadura de Francisco Franco, para «que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales «.
Estas iniciativas, de las que no obstante no ofrecerán mayores detalles, «pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a surgir en el futuro», agregó Sánchez.
«Es esencial realizar un esfuerzo cada vez más amplio de las actividades del CNI que desarrolla frente a las actuaciones de servicios de inteligencia hostiles, en el entorno de la contrainteligencia, de la ciberseguridad y la información clasificada, para defenderse del uso ilegítimo de software como Pegaso», subrayó.
Los independentistas, insatisfechos
Los separatistas catalanes quedaron insatisfechos.
«¿Por qué viene aquí hoy prometiendo un mayor control judicial (…) del CNI, cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del gobierno, o sea, usted? No puede blanquear a su ejecutivo frente a todo lo que ha pasado «, recriminó a Sánchez en el Parlamento el portavoz del partido independentista catalán, Gabriel Rufián.
Sánchez afirmó que efectivamente 18 independentistas catalanes tuvieron intervenciones en sus comunicaciones, pero vinculó esas actividades a momentos «duros, difíciles, traumáticos» que se vivieron por el conflicto político en Cataluña.
La crisis tuvo su momento álgido en octubre de 2017, cuando los independentistas celebraron un referéndum ilegal de autodeterminación y decretaron una fallida declaración de independencia.
Sánchez garantizó que esas escuchas, acotadas en el tiempo, fueron debidamente autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, tal y como ordena la ley.
«La gran mayoría de los (teléfonos) móviles resistentes (que aparecen en) el informe de Citizen Lab, lo han sido actores por desconocidos, ajenos a la administración española», dijo Sánchez.
«Esa es la realidad», agregó, al reiterar su voluntad de mantener el diálogo iniciado por su gobierno con los independentistas catalanes.
