Las fuerzas de seguridad de Colombia, atrapadas en la Guerra Fría

«Una jurista de nuestro Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR), madre de una niña, recibió una vez en su casa un paquete con remitente desconocido. El contenido: una muñeca descuartizada. En un escrito adjunto la amenazaban: ‘Usted tiene una hija muy linda, ¡Cuídela!’”, narra a DW, Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Este hecho ocurrió en mayo de 2005. La familia amenazada tuvo que exiliarse en otro país, pero «las agresiones contra los abogados en Colombia se cuentan por cientos”, agrega la jurista desde la sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José de Costa Rica.

«Quienes desde hace 30 años persiguen de esta y muchas formas a los defensores de los defensores de derechos humanos no son grupos al margen de ley, es el mismo Estado colombiano, son, a menudo, las mismas Fuerzas Armadas”, apunta la abogada Ortegón, especialista en Derecho Constitucional y Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.

Estos 12 y 13 de mayo, la CIDH ha llevado a cabo audiencias sobre la persecución que sufren los miembros de CAJAR, en las que los jueces podrán escuchar testimonios de testigos y peritos, así como los argumentos orales finales de la representación de las víctimas y del Estado colombiano. Ningún funcionario del Estado ni del Gobierno colombiano ha atendido el pedido de DW, que busca obtener la esencia de su postura ante la demanda.

Hito en la defensa de víctimas ante entes de la OEA

Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos logra llegar a esta instancia en calidad de víctima, dice el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización latinoamericana que ejerce como representante de las víctimas.

Según CEJIL, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha sido víctima de «amenazas, atentados, exilio, campañas de desprestigio, estigmatización, torturas y hostigamientos realizados desde organismos del Estado”.

«Mis hijos no tuvieron una vida normal, como tampoco la tuvieron los hijos de muchos colegas presentes. No teníamos vida pública, no podiamos caminar por la calle», expresó ante la CIDH Alirio Uribe, abogado de CAJAR, en la primera audiencia transmitida en vivo por You Tube.

Práctica violatoria a lo largo de cinco gobiernos, hasta hoy

Se trata de una práctica violatoria que involucra a todos los gobiernos desde la década de los años 90. «Los perseguidores se ensañaron primero con ciudadanos como Alirio Uribe Muñoz, y luego eso se expandió a todo el colectivo de abogados”, explica a DW la presidenta de CAJAR, quien agrega que «todos los gobiernos, desde el del presidente Ernesto Samper, pasando por Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, han estado implicados en los abusos”.

¿Estamos ante la persecución como política de Estado, que asume el gobierno de turno? «La persistencia de estas prácticas ilegales se mantienen dentro del Estado colombiano y, a pesar de los esfuerzos, no han sido superadas” dice a DW el analista del conflicto interno Luis Eduardo Celis, quien precisa que «en Colombia hay actores estatales, muchas veces aliados con criminales, con el fin de hostigar y perseguir”. El professor Celis pone en contexto que «las escuchas ilegales que miembros de las Fuerzas Armadas hicieron a los principales actores durante las negociaciones del Acuerdo de Paz evidencian las dimensiones de esta práctica ilegal”.

El CAJAR es una organización surgida hace 40 años para asistir jurídicamente a los «presos politicos” en Colombia, pero que la mayor parte de su existencia ha sido objetivo de las fuerzas de seguridad.

Colombia, ¿una democracia cooptada?

Colombia es una democracia constitucional, ¿por qué persiste entonces la persecución de abogados y líderes sociales, casi como en un Estado no demócratico? Es por «falta decisión política en el interior del Estado. Todavía hay muchas mafias y acciones irregulares dentro de las instituciones de seguridad colombianas, llámense Ejército, Policía, o la misma Fiscalía. Hay muchos de sus miembros que actúan de manera abiertamente ilegal”, es la conclusión del analista.

Pero aparte de la conducta «criminal” de algunos funcionarios, el profesor Celis considera que, en el fondo, el problema radica en que las élites gobernantes y los estamentos de seguridad de Colombia siguen aferrados a las doctrinas políticas de la Guerra Fría: «O sea, aquí todavía persiste la idea del enemigo interno, y creen tener que acallar a la oposición, impedir toda acción de derechos humanos y demonizar la lucha social”.

La lucha contra la corrupción es castigada con persecución

La presidenta de CAJAR coincide con el profesor Celis, y agrega que «la persecución contra un colectivo como CAJAR, que defiende a víctimas del abuso estatal, es persecución estatal”, recordando que habla «de Colombia, un país en donde cada año son asesinados unos 100 líderes sociales”.

Los especialistas de CAJAR han representado a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, llamados «falsos positivos”, desaparición forzada, masacres, y han ganado muchos litigios. «Esto significa que hemos logrado que se condene a generales y coroneles de la República. Estamos adelantando el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los falsos testigos que quiso introducir en el caso del diputado Iván Cepeda”, resume la presidenta de CAJAR, quien concluye que «se nos persigue porque hemos logrado develar la criminalidad estatal”.

Ser perseguidos por desempeñarse como un/a abogado/a, es una experiencia que la lleva a la siguiente conclusión: «Aunque haya elecciones, Colombia es una democracia de cascarón».

(cp)