Presentaron informe final de la Comisión de la Justicia y la Verdad

CARACAS.- La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta este viernes el informe final que recoge hasta ahora 10.071 casos de víctimas de asesinato, tortura y desaparición por razones políticas durante el período (1958-1998).

El informe fue presentado por la presidenta de la Comisión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el Teatro Principal de Caracas, acompañada de los familiares de las víctimas y autoridades de Estado. 

“Una de las premisas de este grupo  que se reunió para investigar estos hechos fue para que los venezolanos recuerden cual fue la respuesta represiva de los gobiernos de turno a quienes querían manifestar su desacuerdos. La comisión nace para investigar las claras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período”, agregó.

Luisa Ortega Díaz dijo que los objetivos principales es encontrar las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables. Rescatar la dignidad de quienes sufrieron estos abusos. “Y la única forma de lograrlo es a través del ejercicio penal, y estás acciones son privativas del Ministerio Público. Nosotros en la comisión nos organizamos por subcomisiones”

“Quedó claro que las funciones de la comisión no fue usurpar las labores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  ni del Ministerio Público sino complementarlas. Gracias a este trabajo se pudo conocer las fallas en el sistema penal de aquella época. Ese viejo sistema no recogía la verdad de los hechos ocurridos. Muchas investigaciones fueron declaradas como investigaciones cerradas sin haber encontrado nada”, acotó.

Ortega Díaz dijo que debieron abrir expedientes y por eso solicitaron al TSJ reabrir muchos expedientes. “Se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre 1958 y 1998. Se determinaron autores materiales e intelectuales y contra ellos el Ministerio Público ejerció las acciones correspondientes”.

“Todavía hay quienes continúan prófugos de la justicia venezolana, hay muchos que ni siquiera los hemos individualizados y debemos seguir trabajando en eso. En aquella época los cuerpos judiciales se extralimitaron de sus funciones, los familiares no podían preguntar por sus familiares. Se caracterizaban por emplear métodos de tortura en sus interrogatorios”, agregó.

“En consecuencia, este documento será el que tenga peso y relevancia para garantizar el derecho a la verdad y la justicia. Recomendamos difundir a nivel nacional e internacional este informe como garantía de justicia. En ese sentido haremos llegar a todos los embajadores, países, ONGS, organizaciones internacionales, a la OEA, a la ONU, a todos los organismos de derechos humanos. Igualmente se debe preservar toda la documentación recolectada en todas las investigaciones”.

Dijo que la principal intención es que estos hechos se repitan y que los esfuerzos se orienten a limpiar la imagen de aquellos que fueron considerados delincuentes por los gobiernos anteriores. Agregó que se deben integrar todas las organizaciones posibles para que conozcan lo que se vivió en el país entre 1958 y 1998.

Dijo que se elaborará un cronograma para la reparación de las víctimas y la indemnización económica. 

La comisión, instalada el 27 de febrero de 2013 para esclarecer la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos durante el mencionado periodo, determinó que de los 10.071 casos, 1.412 son corresponden a asesinatos, 8.200 a detenciones arbitrarias y 459 a desapariciones forzadas.

Para elaborar el informe final se realizó una investigación exhaustiva que incluyó la revisión de los datos asentados en documentos de las antiguas Digepol y Disip, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Corte Marcial, así como de los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones, los centros de detención y tortura dirigidos por fuerzas de seguridad del Estado.

Irving Pérez/Unión Radio