Un grupo de familiares, principalmente mujeres, presentó este miércoles (29.06.2022) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador 15 habeas corpus en los que pidieron la libertad de los detenidos bajo el régimen de excepción dictado a finales de marzo.
Se trata de personas provenientes de diversos puntos del país centroamericano, quienes fueron acompañadas por abogados de la organización humanitaria Tutela Legal María Julia Hernández. Alejandro Díaz, abogado de la organización, señaló que las detenciones se dieron sin orden y, en algunos casos, bajo engaños. «Ellas manifiestan que no son miembros de pandillas, sino que eran personas que trabajaban y el procedimiento ha sido ilegal», indico a periodistas.
Estos hábeas corpus completan los más de 60 acompañados por Tutela Legal y son «el último recurso que, de acuerdo con la Constitución, les queda a los familiares», indicó Díaz. El abogado sostuvo que este debería ser un «recurso expedito» en la Corte Suprema y agregó que la referida Sala debe investigar la situación y, «si hay ilegalidad, ponerlos en libertad».
«Son muchas personas las que están detenidas y son inocentes»
Clarisa Iraheta presentó el recurso por dos de sus hermanos y su esposo, además relató que uno de sus hermanos padece una enfermedad crónica y «no está teniendo sus medicamentos». Agregó que «son muchas personas las que están detenidas y son inocentes. Estamos preocupados porque mis hermanos ya tienen dos meses, mi esposo casi igual y no sabemos nada».
Iraheta relató que a sus hermanos los capturaron el 24 de abril «cuando venían de un partido de fútbol» y a su esposo el 6 de mayo cuando iba a solicitar unos documentos. Sus hermanos son Robert y Pablo Iraheta Martínez y su esposo es Abel Parada Díaz.
Ivania Melara también pidió a los jueces constitucionalistas la libertad de su hermano Daniel Melara, quien tiene dos meses bajo arresto y de quien no tienen mucha información. «Sabemos que si nosotros los dejamos a su suerte es como que los estuviéramos condenando antes de tiempo», dijo a los medios y agregó que «seguimos tratando de demostrar su inocencia».
El régimen de excepción se adoptó después de que el último fin de semana de marzo una ola de asesinatos se cobrara la vida de 87 personas y se atribuyó a las pandillas. Una investigación del medio salvadoreño El Faro señala que esta escalada de asesinatos se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y estas bandas, sin que el presidente Nayib Bukele o las autoridades hayan respondido a esta acusación.
Son más de 43.000 las personas detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, y las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 3.000 denuncias de atropellos, principalmente por «detenciones arbitrarias».
ama (efe, revista gatoencerrado)
