LIMA.- La Fiscalía de Perú espera retomar la cooperación jurídica con la Procuraduría General del Brasil sobre el caso Odebrecht, después de que este organismo decidiese su suspensión temporal, en respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes.
«Se espera que la Procuraduría General de Brasil revalúe la suspensión temporal y se retome la cooperación jurídica«, señaló la Fiscalía peruana este miércoles, en un comunicado en el que aclaró que el equipo especial encargado del caso Lava Jato en Perú formulará los «esclarecimientos correspondientes«.
El Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación con Perú, según un documento al que tuvo acceso EFE, hasta que sean presentados nuevos esclarecimientos por parte de las autoridades peruanas ante la «gravedad y verosimilitud de las informaciones» alegadas por la compañía.
Tras trascender la noticia el domingo, el fiscal peruano Rafael Vela, coordinador del Equipo Lava Jato, aseguró que el Ministerio Público de su país «siempre ha respetado de manera escrupulosa todos los acuerdos» en el caso Odebrecht.
La suspensión del acuerdo implicaría el aplazamiento de los interrogatorios de varios exempleados de Odebrecht programados para noviembre como testigos en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
Humala es procesado, junto a su esposa, Nadine Heredia, por la presunta financiación irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, y se enfrenta a un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos.
Además, es el primer expresidente peruano que va a juicio oral por el escándalo de Lava Jato, aunque, de igual forma, han sido denunciados por lavado de activos Alejandro Toledo (2001-2006), el fallecido Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2006-2008), así como Keiko Fujimori, quien se ha postulado tres veces a la presidencia de Perú.
Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Perú en 2018, un proceso por el que la empresa reconoció los casos de corrupción y se dispuso a reparar al Estado por los daños civiles ocasionados por los sobornos ofrecidos durante años para la obtención de obras.
EFE
